Denuncian que gobierno de transición usó ilegalmente $us 1,21 millones de YPFB y filiales en un plan anticovid
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), Wilson Zelaya, informó este lunes que el régimen de Jeanine Áñez empleó de manera irregular Bs 12,8 millones, al menos $us 1,21 millones, de un presupuesto exigido a ocho filiales y subsidiarias de la estatal petrolera para un plan de unidades médicas de emergencia por el COVID-19 durante la gestión 2020.
La autoridad estatal explicó que los recursos económicos formaban parte de un desembolso total de $us 1,85 millones para el programa creado por el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, mediante una resolución, y una instrucción del entonces presidente de YPFB, Herland Soliz. En el acto, se anunció el inicio de un proceso penal en contra de Soliz, expresidente de la estatal, además de Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, del gobierno de Jeanine Añez.
“El monto solicitado a estas empresas asciende a un total de Bs 12,8 millones, que equivalen a $us 1,85 millones, de los cuales $us 1,21 millones fueron ejecutados de manera irregular”, denunció en conferencia de prensa.
Dijo que la detección de la irregularidad fue lograda con una investigación realizada por la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB.
De acuerdo con Zelaya, el resultado del informe hizo que se instruya a las empresas filiales y subsidiarias la realización de una auditoría interna especial para hallar más detalles y determinar las responsabilidades respectivas.
“No obstante de esto, sin perjuicio a esa instrucción de auditoría, se va a llevar a cabo las acciones legales correspondientes contra las empresas que han incumplido ciertas normativas establecidas en YPFB, casa matriz, como también en las normativas establecidas en las filiales y subsidiarias”, agregó.
Asimismo, anunció que las acciones legales se ejecutarán también a otros niveles que correspondan en el Ministerio de Hidrocarburos.
Por su parte, la directora de Transparencia Corporativa de YPFB, Erika Chávez, detalló que la investigación del caso estableció que la ejecución del plan de unidades médicas de emergencia por el COVID-19 fue instruida por el exministro de facto, con la resolución Nro. 31/2020, que fue emitida el 23 de marzo de 2020.
“Se dispuso que YPFB y sus empresas filiales, de manera extraordinaria, se podría decir, realicen un apoyo a la lucha contra el COVID-19. Si bien en esta resolución se recomienda a YPFB realizar este apoyo económico, en la misma resolución obliga a YPFB a la realización y la ejecución de ese programa”, aseveró.
Chávez explicó que la ejecución del plan llegó al empleo de más de $us 1,2 millones de los más de $us 1,8 millones desembolsados, sin el seguimiento de las normas de contrataciones y desembolsos para compras irregulares de medicamentos e insumos sin descargos.
Sin embargo, explicó que la determinación asumida por Zamora “ha sido completamente irregular porque no se enmarcaba en sus competencias”.
“El rubro de la entidad tampoco se enmarcaba para este tipo de acciones. Ni siquiera los reglamentos que hacen a lo que es el manejo de bienes y servicios, de la entidad y de las subsidiarias, cubren esa situación. Es decir, la resolución ministerial emitida por el exministro Zamora es completamente ilegal”, aseveró.
Finalmente, manifestó que se recomendó el inicio de una acción penal contra la exautoridad estatal por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
