Alistan cambios en Ley de Hidrocarburos tras fracaso de Ley de Incentivos
La Ley de Incentivos es un fracaso. Así lo admitió el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, en la sede parlamentaria el lunes cuando defendía la inversión directa en el área de Charagua porque, admitió que las reservas hidrocarburíferas no han crecido a pesar de que la ley tiene ya cinco años de vigencia.
Lo cierto es que las reservas de gas natural están en 8,95 Trillón de Pies Cúbicos (TCF) cifra que gradualmente se viene reduciendo sin reposición.
Molina, considera que es necesario modernizar la Ley 3058, pues a su criterio, en los últimos años no se logró un incremento de las reservas, lo que hace necesario repensar todo el marco normativo, incluyendo la Ley de Incentivos y otros reglamentos que urgen ser modificados.
La Ley de Incentivos resta el 12 por ciento de los recursos de Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) de cada departamento, universidad y municipio para conformar el fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación.
La Ley básicamente prometía mejores precios a quienes aceleraran la inversión en exploración y desarrollo de sus campos tradicionales en Tarija, pero eso no ha pasado y el Fondo ha quedado sin utilidad aparente.
La Ley se promulgó el 11 de diciembre y desde enero de 2016 se empezaron a confiscar los recursos de IDH de las entidades autónomas para promover la inversión entre las transnacionales. Era un nuevo problema para las administraciones que ya habían visto como en 2015 el petróleo se hundía hasta los 30 dólares por barril. En Tarija hay dos experiencias de pozos que intentaron acogerse a este plan pero que fueron fracasos: Boyuy en Caipipendi y Jaguar X6 en Huacareta.
En 2020 se detuvo la aplicación de esa Ley para ayudar a los municipios en la lucha contra la pandemia y se devolvieron 500 millones de bolivianos entre todos los damnificados en un proyecto iniciativa del exalcalde de Cercado Alfonso Lema, que permitió al menos liberar ciertos recursos.
El alcalde actual, Johnny Torres, ya planteó el pasado viernes al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, la necesidad de derogar definitivamente esa Ley para tranquilidad de los municipios, que son los que en este momento deben cubrir las urgencias sociales que provocó la pandemia.
Por el momento no hay consenso en la Asamblea Plurinacional, pero a tenor de lo confesado por el ministro Molina, es cuestión de tiempo que esto suceda.
¿Qué cambiar de la Ley de Hidrocarburos?
El MAS lleva hablando de reformar la Ley de Hidrocarburos, que es de 2005 – y que se impulsó desde su bancada, provocando la renuncia definitiva de Carlos Mesa, que no la quería -, desde 2006, aunque hasta ahora no se habían encontrado motivos de fondo para cambiarla, ya que en el ciclo de los “superprecios” a nivel mundial la Ley ha reportado grandes ingresos para el país y ha primado el Decreto de Nacionalización – aun con sus reservas – por sobre el texto de la Ley, los fracasos en exploración y la necesidad de dar cobertura legal a formas más agresivas de exploración petrolera parecen dar cobertura a este nuevo intento.
La última certificación de reservas data del 31 de enero de 2020, con YPFB bajo el control del Gobierno de Jeanine Áñez. Herland Soliz, entones presidente de la estatal petrolera señaló que el nivel de reservas era de 8,34 trillones de pies cúbicos (TCF), mientras que la última publicada por el Gobierno de Evo Morales hablaba de 10,7 TCF. La estimación de que se consumen entre 0,6 y 0,7 TCF al año presentan un panorama asolador en el corto plazo que impide establecer acuerdos de exportación de largo plazo, e incluso proyectos de industrialización mientras no se formalice una reserva estratégica nacional.
Los expertos señalan que esta certificación se refiere a recursos tradicionales, que no son los que hoy por hoy tengan un mayor atractivo comercial por su alto riesgo de fracaso, como han evidenciado Boyuy y Jaguar X6. En ese contexto, ya con el ministro Luis Alberto Sánchez se exploraron las vías de la exploración no tradicional, es decir, aquellas que usan la técnica de la fractura hidráulica (Fracking) para la extracción del gas todavía contenido en las rocas de esquisto, lo que tiene un fuerte impacto en los acuíferos.
Sánchez hablaba de un “mar de gas” refiriéndose a este punto, si bien el Gobierno se cuidó de presentarse como promotor del fracking puesto que colisionaría frontalmente con la imagen de Gobierno defensor de los derechos de la Madre Tierra que sostiene a nivel internacional. En el ámbito parlamentario, sin embargo, contemplan que esta Ley puede dar cobertura en ese sentido.
